Por: Javier Gutiérrez López, CEO de IQ Integrity AML
El monto estimado de ganancia para los criminales por actos de corrupción, estimado para algunos países, entre esos Colombia, está cercano al 4% del PIB (aproximadamente 8.500 millones de dólares anuales), un monto significativo que se puede materializar en un alto porcentaje si no se cuenta con políticas públicas configuradas con programas y proyectos (mecanismos e instrumentos) que desincentiven la participación de actores de la sociedad en esa economía ilícita. Lo anterior se debe sumar al fortalecimiento en prevención en el sector privado para que los recursos de la corrupción no transiten rampantes por el circuito económico legal y no puedan ser lavados.
Hay que aumentar significativamente las probabilidades de detección de operaciones de corrupción, de captura de actores ilícitos corruptos y, principalmente, aumentar la probabilidad de decomiso y extinción de dominio, es decir, quitarles todos los activos adquiridos con dineros de origen ilícito y actos de corrupción.
Detección, captura, sentencia y extinción de domino son las variables fundamentales que, en un árbol de decisión, llevan a que el agente económico racional, el individuo, decida quedarse en la economía lícita y, por tanto, no participar en la economía ilícita. Los fundamentales contra la corrupción existen y sabemos cómo potenciarlos.
La información de calidad, su disponibilidad y accesibilidad, sumada a los desarrollos tecnológicos adecuados y al capital humano idóneo, son determinantes de la detección, la captura y la extinción de domino. En ese modelo anticorrupción también son determinantes la voluntad política del alto gobierno y de todas las esferas del Estado y la decisión firme del sector privado a cooperar a partir del desarrollo de todas sus capacidad anticorrupción y antilavado. La confianza entre actores del Estado, entre el gobierno y el sector privado, son condición necesaria para que se logren los niveles de cooperación y los flujos de información, que aumenten esas probabilidades determinantes de la participación actos de corrupción.
La justicia, como fase final del proceso de prevención, detección, investigación, extinción de dominio y juzgamiento, debe actuar con su máximo poder y castigar con las máximas penas al corrupto, pero teniendo en cuenta que su incentivo a delinquir se mantendrá si conserva el producto del delito, los activos derivados de la corrupción.
No se puede entender la corrupción como un fenómeno aislado de otros delitos, los actos de corrupción, la mayoría de las veces, se realizan para lucrarse y para facilitar la comisión de otros delitos, como el narcotráfico, los delitos medioambientales, delitos electorales, contrabando, trata de personas, tráfico de migrantes, todos generadores de violencia, inseguridad y pobreza.
La corrupción es determinante de la dinámica criminal en una sociedad, limita las posibilidades de inversión social, es destructora de principios y valores y causante de desesperanza. Reconfigurar una sociedad y enrumbarla por el camino de la integridad, la ética, los principios, la transparencia y la justicia, requiere necesariamente de firmeza y capacidades para rechazar y enfrentar la corrupción y otros delitos, lo que sumado a decisiones correctas de política económica encaminarán a un país hacia la inversión, el crecimiento, las oportunidades, la generación de empleo, el bienestar, la esperanza con la que nos queremos levantar cada día y la satisfacción del deber cumplido con la que nos acostamos cada noche.