Por: Javier Gutiérrez López, CEO de IQ Integrity AML
Los sistemas antilavado se crearon para proteger la integridad de los bancos y del sistema financiero, para que los sujetos obligados por norma en el sector privado hicieran Debida Diligencia del Cliente en cumplimiento de la Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI y de la Recomendación 22 en el caso de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas – APNFD. Surgieron también para que, en el marco de su labor, los oficiales de cumplimiento identificaran operaciones inusuales y sospechosas, enviaran a las Unidades de Inteligencia Financiera – UIF Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS, confidenciales y protegidos por ley (que no deben revelarse, protegiendo la función del oficial de cumplimiento según indican las Recomendaciones 20 y 21 del GAFI) e información objetiva o regulada (operaciones o transacciones financieras inicialmente y ahora también otra información del sector real).
Las UIF fueron creadas en la estructura organizacional de los gobiernos (Recomendación 29 del GAFI) para hacer análisis financieros a partir de los ROS e información regulada y para enviar Informes de Inteligencia Financiera – IIF (información de inteligencia solo con carácter orientador) a las fiscalías o ministerios públicos, entre los principales receptores autorizados por Ley, definidos el marco legal de cada país. A su vez, el rol fundamental de los fiscales en el sistema antilavado, con apoyo de la policía judicial, es realizar investigaciones y con pruebas llevar ante los jueces los procesos por Lavado de Activos, sus delitos fuente y el Financiamiento del Terrorismo (Recomendaciones 3 y 5 del GAFI respectivamente), realizar capturas y también procesos de extinción de domino a los activos involucrados en las operaciones ilícitas.
Estos esquemas unidireccionales e históricamente poco efectivos, aunque con tendencias positivas, se han ido transformando a partir de la aplicación cada vez mejor del Enfoque Basado en Riesgos; entendimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos; diseño de políticas públicas antilavado (Recomendación 1 del GAFI), planes de mitigación en el sector privado sustentados en información y conocimiento; y mayor exigencia para el cumplimiento de estándares GAFI, por ejemplo, relacionadas con Personas Expuestas Políticamente – PEPs (Recomendación 12 del GAFI) y con transparencia y beneficiario final (Recomendaciones 24 y 25 del GAFI). Lo anterior se suma a procesos cada vez mejores de articulación y cooperación entre actores del sistema (Recomendación 2 del GAFI), más sectores y sujetos obligados, más volumen, variedad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y oportunidad de la información, uso de nuevas tecnologías (por ejemplo Big Data y Analítica e Inteligencia Artificial), retroalimentación (Recomendación 34 del GAFI), mesas de trabajo y, lo más importante, comprensión de la función y el rol de cada actor y fase antilavado (prevención, detección, investigación y juzgamiento) para entregar la mejor información al receptor y así lograr mejores resultados, efectividad en definitiva.
Con el pasar de los años se ha pensado más en efectividad, tal vez no lo suficiente, sumado al objetivo tradicional referido al cumplimiento técnico (cumplimiento normativo de estándares internacionales – 40 Recomendaciones del GAFI y normatividad nacional asociada a estas), sin embargo, el resultado de las evaluaciones mutuas del GAFI y de los grupos regionales al estilo GAFI, no muestran los resultados esperados para muchos países, se hacen esfuerzos en seguimiento intensificado y recalificaciones, pero no se logran los estados óptimos de los sistemas antilavado.
Muchos sistemas antilavado transitan por el camino correcto, pero no a la velocidad requerida y no se avanza de forma ideal en los mecanismos e instrumentos antilavado más efectivos, normatividad actualizada, clara y unificada, de fácil consulta y aplicación, plenamente implementada, más y mejor capital tecnológico y capital humano y en encontrar la función de producción antilavado óptima, que maximice la efectividad.
Aunque en la red global se enfatiza en efectividad de acuerdo con los 11 resultados inmediatos del GAFI y se avanza en el diseño y desarrollo de sistemas estadísticos (Recomendación 33 GAFI) donde se consignan esos resultados para monitorearlos, evaluar tendencias y tomar decisiones, aún no se diseñan indicadores que reflejen, realmente, con claridad, la afectación estructural a las economías ilícitas, a las redes de crimen organizado y al lavado de activos, que deriven en desmantelamiento a partir del ataque severo a la base financiera de las estructuras criminales, de la delincuencia organizada nacional y transnacional.