Por: Javier Gutiérrez López, CEO de IQ Integrity AML
Algunos sujetos obligados, actores del sector privado, especialmente nuevos reportantes a las UIF, las nuevas economías, e inclusive algunos actores del sector público, consideran erróneamente que el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – ALA/CFT/CFPADM y su normatividad son una carga y lo traducen en mayores costos para las empresas, sin identificar y entender los impactos positivos que se derivan de un buen sistema antilavado para los negocios, la economía, el empleo y el bienestar.
Es importante entender que, además de la inversión en salud, educación, saneamiento básico e infraestructura, la estabilidad jurídica, entre otros determinantes del crecimiento económico, la inversión en seguridad y la seguridad misma, es un determinante muy importante de la inversión (nacional y extranjera), de la confianza de los mercados en cada uno de los sectores de la economía, de la productividad y competitividad, del crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar.
Impedir que los dineros de origen ilícito crezcan, ingresen a la economía legal, se laven y se reinviertan para hacer más productivas esas estructuras y economías criminales, minimizando la violencia que ello genera y la pérdida de vidas (costo social y económico), es fundamental. Atacar la base financiera de las redes criminales mediante la prevención y detección de operaciones de lavado, de sus delitos fuente, como el narcotráfico, el contrabando, la evasión fiscal, la extorsión y de fenómenos tan nocivos como la corrupción y de otras amenazas regionales como los delitos cibernéticos y estafas, trata de personas, tráfico de armas y de migrantes, sumado a capturas y, especialmente y más efectivo, a medidas cautelares, extinción de dominio, inclusión de personas naturales y jurídicas en lista OFAC, es condición necesaria para la desarticulación y el desmantelamiento de esas estructuras, para afectar su resiliencia y sostenibilidad.
Proteger al sector productivo de la penetración de dineros de origen ilícito, del lavado de activos, de la competencia desleal observada en distintos modus operandi o tipologías de lavado (empresas fachada, exportaciones ficticias, sobrevaloración y subvaloración de bienes y servicios en operaciones de comercio exterior) y del financiamiento del terrorismo, es proteger su reputación, cuidar e incentivar la inversión nacional y extranjera, la productividad, la competitividad, las exportaciones, el crecimiento económico, los puestos de trabajo, la dinámica del mercado laboral y los ingresos de los hogares.
La misión antilavado, el trabajo de los oficiales de cumplimiento y en general la labor de cumplimiento tiene un impacto que va más allá del cumplimiento de estándares internacionales y de la normatividad antilavado de las naciones. El trabajo de cumplimiento, sumado a la función de reguladores o supervisores de los sectores obligados en materia ALA/CFT/CFPADM, más la labor de apoyo a la prevención y la detección que realizan las UIF, la coordinación con los ministerios públicos o fiscalías y los resultados efectivos derivados de la sumatoria de todas las acciones de los actores que hacen parte de la cadena de prevención, detección, investigación y juzgamiento ALA/CFT/CFPADM, en un marco de trabajo fundamentado en la ética, la transparencia y la integridad, impactan positivamente la confianza de los mercados, los resultados asociados a decisiones de inversión privada, determinante del crecimiento económico y el empleo, impacta positivamente la integridad del sistema financiero, la confianza en este y, por supuesto, la estabilidad macroeconómica.
La estabilidad financiera, la inversión y el crecimiento económico nacional y de cada uno de los sectores de la economía, determinan posibilidades y decisiones sobre otras variables fundamentales para el crecimiento y el bienestar, relacionadas con el consumo, la inversión pública en infraestructura o disposición de facilidades derivadas de la inversión pública para el comercio internacional, la inversión privada nacional y el incentivo a la extranjera. Lo anterior, sumado a las inversiones en salud, educación y saneamiento básico, determinan el crecimiento económico e influyen de forma directa en la tributación que este genera, en el fortalecimiento de las finanzas públicas, en la estabilidad fiscal, y en posibilidad de una política fiscal expansiva, protegida por un marco anticorrupción, que cuidando el cumplimiento estricto de la regla fiscal y el déficit, se convierte en un círculo virtuoso derivado de un sistema ALA/CFT/CFPADM dinámico y efectivo; de allí se generan las nuevas ofertas en salud, jardines infantiles, colegios, cupos educativos, agua potable, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques, escenarios deportivos, bibliotecas, ofertas recreativas y culturales, que reducen brechas sociales, facilitan la movilidad social, mejoran la calidad de vida e incentivan la inversión (círculo virtuoso de seguridad, crecimiento y bienestar).
Entender y conocer las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo, establecer controles, auditorías, monitoreos, reportes y denuncias, además de limitar las imperfecciones en los mercados, genera seguridad para la inversión en todos los sectores que cumplen las condiciones ALA/CFT/CFPADM, previniendo, mitigando y/o administrando de la mejor forma los riesgos operacionales, legales, reputacionales, de cumplimiento y de contagio, que debe adicionarse a un entorno y un contexto de estabilidad jurídica.
Esta suma de variables es determinante de la confianza respecto al pago de obligaciones y del acceso al crédito de organismos multilaterales y de la banca internacional, en las condiciones más favorables para las naciones y las empresas, favoreciendo las posibilidades de crecimiento de las distintas actividades económicas.
La seguridad es una variable clave para el crecimiento económico, mientras la efectividad del sistema ALA/CFT/CFPADM es determinante fundamental de la seguridad. La seguridad determina muchas de las variables macroeconómicas e indicadores sociales que hacen propicios los contextos y los entornos para la inversión y el mejoramiento de la calidad de vida. La seguridad hace atractiva a las economías y a los países. La inversión en seguridad generalmente está asociada a tasas de crecimiento más rápidas y a mayor bienestar.
La seguridad a su vez depende del diseño y efectividad de las políticas públicas contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, la evasión fiscal, la corrupción, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, entre otros, sumadas a las normas de extinción de dominio y contra el LA/FT/FP, todas las cuales posibilitan y fortalecen el actuar de la fuerza pública (en temas estratégicos, tácticos y operacionales), de la comunidad de inteligencia y del sistema antilavado en su conjunto. La aplicación efectiva de facultades y especialidades de actores institucionales hacen que las políticas sean efectivas, siempre y cuando se optimice el uso y se logre la combinación perfecta de los capitales tecnológico, humano e intangible (la confianza determinante de la articulación, coordinación y cooperación) para el fortalecimiento de los sistemas antilavado.
Estas son condiciones necesarias para lograr dicha efectividad, medida como la tasa de interceptación a los activos derivados de las economías ilícitas y el actuar criminal, que a su vez reduce la expectativa de ganancia de las estructuras de crimen organizado y sus ganancias efectivas y, por lo tanto, sus posibilidades de fortalecimiento, resiliencia u sostenibilidad, es decir, sus posibilidades de afectación a la seguridad, la economía y el bienestar de la sociedad. Un sistema antilavado fuerte se asocia a confianza, cultura de la legalidad, a una economía fuerte y a mejores indicadores sociales, un sistema antilavado débil se asocia a desconfianza, a cultura de la ilegalidad, a una economía débil, a pobreza y deterioro de los ingresos de las familias.
Al tener un sistema ALA/CFT/CFPADM robusto que sea dinamizador y determinante del aumento de la tasa de interceptación, mejora la protección de la economía, del sector financiero, del sector real y del sector público, frente a actos y actores ilícitos y a la penetración de los dineros de origen ilícito, lo que al final contribuye a mejorar la seguridad, limitando la capacidad y el poder de afectación de la criminalidad. Estas condiciones, a su vez, contribuyen a mejorar la reputación de los negocios y a lograr escenarios óptimos para la inversión, la productividad, competitividad, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.
En los lugares donde hay actores y economías ilícitas, solo se observa inseguridad, violencia, nula inversión, bajo crecimiento, desempleo, desastres medioambientales y pobreza. Los grandes flujos de recursos de la criminalidad, de las redes de crimen organizado se concentran en unos pocos criminales, nada de eso beneficia a la población. El sistema antilavado aporta elementos fundamentales para acelerar el crecimiento económico y romper ese circuito perverso que conduce a la pobreza.