Por: María Elisa Holguín López, miembro del Consejo Directivo de ProCompetencia. República Dominicana
La contratación pública no es un simple trámite administrativo; es el motor mediante el cual el Estado materializa derechos fundamentales. Cuando un hospital compra medicamentos o un ministerio construye una escuela, se está ejecutando el contrato social. Sin embargo, este sistema enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora: la colusión.
Recientemente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) ha publicado la Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en los Procesos de Contrataciones Públicas. Este documento, lanzado en el contexto de la nueva Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, no es solo un manual técnico, es una herramienta esencial de compliance gubernamental destinada a proteger el erario. A continuación, se desglosan sus aportes y la profunda conexión entre estas prácticas anticompetitivas, la corrupción y el lavado de activos.
La colusión: el enemigo invisible de la eficiencia
La colusión en la contratación pública ocurre cuando empresas que deberían competir genuinamente acuerdan secretamente manipular el proceso. A diferencia de la competencia real, que promueve la innovación y reduce precios, la colusión genera un sobrecosto estimado por la OCDE de un 20% o más sobre el precio de mercado. La Guía de ProCompetencia identifica con claridad taxonómica las modalidades más frecuentes de este ilícito:
- Acuerdos de precios: Los oferentes pactan precios artificialmente altos o establecen precios mínimos por debajo de los cuales nadie ofertará, eliminando el ahorro para el Estado.
- Posturas encubiertas (ofertas de resguardo): Es una simulación teatral donde ciertos competidores presentan ofertas diseñadas para perder (precios excesivos o incumplimientos técnicos deliberados) solo para simular competencia y favorecer a un ganador preasignado.
- Supresión de propuestas: Empresas capaces de competir deciden no participar o retirar sus ofertas para “limpiar el camino” al elegido por el cartel.
- Rotación del ganador: Un esquema sofisticado donde los competidores se turnan para ganar contratos basándose en periodos, montos o zonas, asegurando ingresos para todos los miembros del cartel a costa del presupuesto público.
- Asignación de mercado: La forma más grave, donde los competidores se reparten el país o las instituciones como si fueran feudos privados eliminando toda competencia en sus respectivas “zonas de confort”.
Herramientas de detección: el ojo avizor del funcionario
Desde una perspectiva pedagógica, una de las grandes virtudes de la Guía es la sistematización de las señales de alerta o Red Flags. Para los oficiales de cumplimiento y los comités de compras, estas señales son vitales. ProCompetencia introduce el Semáforo Colusorio, una herramienta metodológica para evaluar el riesgo en tiempo real.
Entre los indicios más reveladores que destacan la falta de independencia entre oferentes se encuentran:
- Errores idénticos: Faltas ortográficas o de cálculo repetidas en ofertas de competidores supuestamente distintos.
- Huella digital compartida: Metadatos que revelan que documentos de empresas rivales fueron creados por el mismo autor o enviados desde la misma dirección IP.
- Vínculos estructurales: Accionistas familiares, representantes legales compartidos o pagos realizados desde la misma cuenta bancaria 0, lo que sería similar, mismo beneficiario final.
La detección temprana no es solo una labor administrativa; es una obligación legal. La Guía exhorta a no ignorar patrones como la rotación predecible de ganadores o márgenes irracionales entre ofertas.
Prevención desde el diseño: “Analiza tu pliego”
La prevención es más eficiente que la sanción. La Guía propone una autoevaluación titulada “Analiza tu Pliego”, instando a las instituciones a diseñar licitaciones que maximicen la participación y rompan los esquemas de coordinación.
Un error común que facilita la colusión es la predictibilidad y la estandarización excesiva. La Guía recomienda evitar publicar los precios de referencia (para no crear un punto focal de coordinación) y diseñar lotes que no coincidan exactamente con la estructura del mercado existente, obligando así a los actores a competir.
El nexo crítico: colusión, corrupción y lavado de activos
Es imperativo analizar lo que la Guía implica en un contexto jurídico más amplio. La colusión no opera en el vacío; a menudo es la antesala o la compañera de viaje de la corrupción administrativa y el lavado de activos.
1. La frontera porosa entre colusión y corrupción
Si bien la colusión se define como un acuerdo horizontal entre privados, la realidad operativa suele involucrar la “captura” del funcionario público. La Guía distingue conceptualmente ambos fenómenos, pero reconoce su interacción: la corrupción ocurre cuando hay connivencia de funcionarios que, a cambio de beneficios, facilitan el esquema colusorio mediante pliegos a la medida o filtración de información privilegiada.
2. La colusión como delito precedente
Bajo la normativa moderna y el enfoque basado en riesgo, los delitos contra la administración pública y aquellos que distorsionan el mercado generan fondos ilícitos. El sobreprecio del 20% o 30% que paga el Estado debido a la colusión constituye una ganancia ilícita. Se recuerda que la manipulación del mercado es una de las infracciones o delitos precedentes al lavado de activos en muchas de las jurisdicciones, al igual que la corrupción.
Aquí radica el vínculo con el lavado de activos:
- Generación del activo ilícito: El dinero obtenido mediante fraude en la contratación (colusión) es dinero sucio.
- Integración: Ese excedente monetario debe ser introducido al sistema financiero legal. Las empresas coludidas a menudo utilizan facturación falsa, subcontrataciones ficticias (a veces entre los mismos miembros del cartel) o pagos de consultorías para justificar esos ingresos o para pagar sobornos a funcionarios corruptos.
Por tanto, la lucha contra la colusión es también una lucha contra el lavado de capitales o activos. Un sistema de contrataciones permeable financia estructuras criminales que debilitan la institucionalidad.
El daño social: más allá de los números
Desde una visión académica y humanista, debemos traducir estas infracciones a su impacto real. La falta de transparencia y la anulación de la competencia no son problemas abstractos de eficiencia económica; son problemas de derechos humanos.
ProCompetencia ilustra esto magistralmente: un sobrecosto de 6 millones de pesos en mantenimiento de aires acondicionados equivale a dejar de comprar 200 camas hospitalarias o dejar de contratar 40 enfermeras.
Cuando los fondos públicos se desvían hacia los márgenes de ganancia inflados de un cartel, se reduce la calidad de la educación, se precariza la salud pública y se erosiona la infraestructura nacional. Además, se genera un daño intangible pero corrosivo: la pérdida de confianza pública. La ciudadanía percibe al Estado no como un garante de bienestar, sino como un botín a repartir, lo que debilita el contrato social y la legitimidad democrática.
En definitiva, la Guía para la Prevención y Detección de la Colusión de ProCompetencia es un documento de lectura obligatoria para docentes universitarios, oficiales de cumplimiento, auditores y, sobre todo, servidores públicos. Nos recuerda que la competencia leal es el mejor mecanismo para asegurar que cada peso del contribuyente se traduzca en bienestar real.
La integridad en las compras públicas requiere pasar de una actitud pasiva a una vigilancia activa. Utilizar herramientas como el Semáforo Colusorio y comprender el vínculo entre colusión, corrupción y lavado de activos es fundamental para construir un Estado más transparente, justo y eficiente.
Referencia
ProCompetencia. (2025). Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en los Procesos de Contrataciones Públicas. Santo Domingo: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Disponible en https://procompetencia.gob.do/wpfd_file/guia-para-la-prevencion-y-deteccion-de-colusion-en-la-contratacion-publica-2020/.