Los países de América Latina, se encuentran implementando nuevas estrategias y mecanismos para fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva a medida que van cursando sus procesos de evaluación mutua realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT, la calidad de sus evaluaciones en cuanto al cumplimiento técnico y efectivo a los estándares internacionales establecidos por el GAFI permite que el país adopte estrategias para enfrentar las deficiencias estratégicas que se presentan en sus jurisdicciones, y fortalecer sus sistemas anti lavado de activos.
El crimen organizado transnacional tiene la capacidad de diversificarse y encontrar nuevas formas para llevar a cabo actividades ilegales, en donde los bienes y fondos producto de estos delitos son trasladados al exterior ocultándose bajo diversas y complicadas estructuras como empresas de papel, testaferros, fideicomisos, entre otros; los cuales impiden conocer su beneficiario final y por consiguiente recuperar los activos a favor de las naciones.
Es conocido que un país cooperante en la prevención de lavado de activos, debe tener un sistema anti lavado en continuo crecimiento, es decir, tener un sector privado altamente capacitado que detecte operaciones sospechosas de alto riesgo y realice un reporte oportuno, eficaz e íntegro a sus autoridades competentes, quienes a través de su análisis de inteligencia e investigación junto a autoridades de la fuerza del orden permitirán al sistema represivo realizar una judicialización adecuada y lo óptimo una recuperación de activos a sus jurisdicciones, este último será vital para desmantelar a las organizaciones criminales e impedir que sigan operando.
Los expertos basados en normas y convenciones internacionales y algunos organismos multilaterales afirman que para realizar una exitosa recuperación de activos es necesario principalmente la cooperación internacional oportuna y efectiva a través de redes informales, que ofrezcan información de inteligencia para realizar una asistencia legal mutua adecuada.
Una vez identificados los bienes será posible localizarlos a través de diversas plataformas internacionales de intercambio de información de inteligencia financiera como el Grupo Egmont, la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT, ya que la respuesta inmediata y precisa facilitará una solicitud de asistencia penal internacional más concisa.
Adicionalmente, será imprescindible contar con unidades especializadas conformadas por varias instituciones públicas nacionales que intercambien información utilizando mecanismos o técnicas para realizar una investigación patrimonial que permita la identificación, rastreo y ubicación de los bienes.
El fortalecimiento de las legislaciones con normativa enfocada al decomiso sin condena, lo cual resulta una vía idónea y fundamental para recuperar los activos, siendo una recomendación de varios tratados multilaterales y regionales.
Impulsar un sistema estadístico integral que les permita a las jurisdicciones conocer los resultados de sus acciones en cuanto a los bienes que están sujetos a decomiso.
Uno de los pasos previos indispensables para rastrear los bienes, será la investigación patrimonial, que consiste en determinar el patrimonio de un sospechoso, mediante un análisis de toda la información que se pueda recabar en fuentes abiertas y bases de datos públicas y privadas, así como la información que se obtenga a través de la cooperación interinstitucional entre las entidades que realizan prevención, control, investigación y represión, entre ellas se destacan las Unidades de inteligencia Financiera, Autoridades de fuerza del orden, notarías, registros de la propiedad, registro civil, información societaria, administradora tributaria, sistema financiero entre otros.
Sin duda, una vez que los bienes son transferidos al extranjero, su recuperación se complica debido a los desafíos y obstáculos que existen en los países, lo que debilita la capacidad para realizar una efectiva recuperación de activos, muchos de ellos se enmarcan en:
- Falta de conocimiento de las autoridades de la fuerza del orden y ministerios públicos para incautar lo que realmente se podrá administrar en el futuro, además de la escasez de mecanismos idóneos para la investigación operativa para identificar todos los bienes producto de actos ilícitos.
- Las instituciones que se encargan de administrar los bienes no cuentan con los recursos financieros ni herramientas para crear unidades de cumplimiento, que les permita realizar un proceso de debida diligencia en cuanto a los posibles oferentes de bienes y realizar alertas de operaciones sospechosas, lo que significa, mayor vulnerabilidad para que las organizaciones criminales sean quienes adquieran nuevamente los bienes que se incautaron.
- Es preciso contar con un sistema de inventarios y un correcto manejo de bienes para evitar futuros deterioros.
- La falta de normativa específica, procesos y guías que permita a las jurisdicciones realizar recuperación de activos de manera segura, es decir una normativa limitada.
- La falta de voluntad política.
La recuperación de activos no es una tarea fácil, sin duda, es el desafío más grande que tiene la región, para poder lograrlo se requiere una visión diferente desde el sistema preventivo, operativo y judicial, fortalecer la coordinación e interacción inter-agencial y varias contrapartes internacionales que contribuyan de manera recíproca y ágil con información precisa respecto a posibles bienes identificados.